Por:
Luis Alberto Moreno
Presidente del BID

El rápido crecimiento del comercio exterior ha subrayado las serias deficiencias de la región en términos de infraestructura. En la actualidad, América Latina y el Caribe invierten sólo el 2 por ciento de su PIB en infraestructura, mientras China invierte el 9 por ciento. En América Latina y el Caribe las inversiones deben incrementarse sustancialmente para aumentar la capacidad existente.

América Latina es un actor clave de la globalización y el aumento de los flujos de inversión y comercio es muy nítido. En 2004, por ejemplo, el 50 por ciento de la inversión exterior de China se dirigió hacia América Latina, y actualmente el stock de la inversión exterior directa de Gran Bretaña en la región alcanza una cifra superior a 12 mil millones de libras esterlinas.

América Latina ha demostrado ser económicamente sólida y mantiene su posición sin verse demasiado afectada por los últimos sucesos financieros. Y aunque el epicentro de la crisis actual han sido los valores hipotecarios en los Estados Unidos, los mercados de valores de la región han salido relativamente bien de esa situación.

Como es de conocimiento general, el crecimiento en los Estados Unidos se ha reducido y las proyecciones que se hacen sobre el futuro se han ajustado a la baja. Sin embargo, las perspectivas de América Latina continúan siendo sólidas. Veamos:

Se estima en 5,3 por ciento el crecimiento económico de la región en 2007 (quinto año consecutivo que alcanza 4 por ciento).

Las exportaciones se incrementaron cerca del 21% (cuarto año consecutivo de fuerte crecimiento).

El déficit de los gobiernos centrales llega a un promedio de apenas el 0,3 por ciento del PIB.

Las reservas internacionales se han incrementado sustancialmente, llegando a sumar tres veces el valor total de las deudas a corto plazo.

El promedio de inflación en la región se estima en 5,3 por ciento, mientras que la inflación baja se ha mantenido estable durante más de una década.

El crecimiento económico para el año 2008 se estima en cerca del 5 por ciento.

Podemos argumentar que estas proyecciones se basan en la hipótesis de que el resto del mundo continuará creciendo y que la demanda por materias primas de los países asiáticos permanecerá fuerte, algo que no es seguro.

En este contexto, el principal reto de la región es asegurar que se haga buen uso de este período extraordinario de sólido crecimiento y altos precios de exportación. En gran parte, el resultado final dependerá de las decisiones que se adopten en relación con la infraestructura.

RÁPIDO CRECIMIENTO

El acceso a una infraestructura de alta calidad es clave en relación con la competitividad de un país. En la clasificación de “Competitividad global”, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se encuentra entre las posiciones 50 y 70, y un resultado similar se obtiene si miramos la “Clasificación de infraestructura”.

El rápido crecimiento del comercio exterior ha subrayado serias deficiencias en la región en términos de infraestructura. Actualmente, América Latina y el Caribe invierten sólo el 2 por ciento de su PIB en infraestructura, mientras que China invierte el 9 por ciento. En América Latina y el Caribe las inversiones deben incrementarse sustancialmente para aumentar la capacidad existente.

Pero las deficiencias también suponen una oportunidad para las inversiones, como se puede ver claramente cuando se toman en cuenta otros sectores que probablemente van a ser más dinámicos en el futuro.

Por ejemplo, la producción de cereales, carne y otros alimentos enfrentan restricciones mayores en algunas áreas de Asia y África, debido a la escasez de tierras y de agua. Se estima que las importaciones netas de cereal en Asia y África se incrementarán de las actuales 85 millones de toneladas a 265 millones de toneladas en 2030.

VENTAJAS COMPARATIVAS

América Latina tiene una ventaja comparativa para satisfacer la demanda futura, lo cual tiene profundas implicaciones para las inversiones de América Latina y el Caribe, que deben emprender obras en términos de irrigación, carreteras y puertos.

Otros ejemplos de oportunidades pueden demostrarse en los sectores de industria, turismo y servicios. Las oportunidades están allí y sólo debemos permitir que se concreten.

Se estima que las economías de la región deben invertir por lo menos el 10 por ciento del PIB en el financiamiento de proyectos de infraestructura. Sólo en relación con infraestructura en energía, América Latina y el Caribe requieren la suma de US$ 1.380 mil millones en las próximas dos décadas.

En la actualidad, y en comparación con otras regiones, América Latina se encuentra muy por detrás con respecto al acceso a los servicios públicos. Más del 60 por ciento de las empresas en América Latina sostienen que los servicios de electricidad, telecomunicaciones y transporte representan obstáculos para sus propias operaciones y crecimiento.

APORTES A LA DISTRIBUCIÓN

La infraestructura tiene efectos ampliamente demostrados en relación con la competitividad y el crecimiento económico. No existe ninguna duda de que América Latina y el Caribe necesitan incrementar sus inversiones en esta área si quieren mantener su progreso en un nivel aceptable, lo cual les puede permitir, además, reducir la pobreza y capitalizar las oportunidades que ofrecen el crecimiento y el comercio internacional.

Los gobiernos de la región han tomado nota de las lecciones aprendidas a partir del proceso de privatizaciones de la década de los noventa, al reconocer que la infraestructura es una responsabilidad del sector público y una oportunidad para el sector privado, que va a requerir importantes inversiones. Los gobiernos de la región están comenzando a implementar marcos legales que otorguen incentivos a la inversión privada y a las alianzas público-privadas.

Después de la excelente noticia del descubrimiento de petróleo en el océano Pacífico por parte de Petrobrás, este tipo de asociaciones recibirá una mayor atención. Actualmente Brasil, junto con China y la India, es uno de los tres países en el mundo que atraen más inversión privada en alianzas público-privadas.

Lejos de rechazar cualquier forma de participación privada y de inversión extranjera en infraestructura, hoy el sector público ha llegado a entender que las asociaciones con el sector privado son, en muchos casos, la única forma de acceder a los recursos, el conocimiento y la habilidad técnica necesarios para llevar adelante los proyectos de infraestructura.

MAYOR PARTICIPACIÓN

El BID ha apoyado los proyectos de infraestructura y les ha dado una alta prioridad. En 2007, el Banco aprobó 21 proyectos valorados en US$ 3.400 millones, incluidos 10 proyectos del sector privado por la suma de US$ 1.700 millones.

Se ha venido trabajando en numerosas iniciativas en este sector y en particular podemos señalar el Plan Puebla-Panamá y el IIRSA, que reflejan la participación del Banco en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo regional.

En 2006 el Banco creó InfraFund como una forma de diseñar y desarrollar proyectos sostenibles. La donación inicial del Banco al Fondo fue de US$ 20 millones con el objetivo de promover proyectos de infraestructura esenciales para la región.

Otra iniciativa, que también se encuentra en plena operación, involucra recursos para auspiciar la energía renovable y evitar el cambio climático. La iniciativa apoya proyectos de eficiencia energética y energía sostenible. También se promueve una ambiciosa iniciativa en relación con los servicios sanitarios y de agua potable.

Cuando se analizan estos proyectos, un aspecto esencial que se debe tomar en cuenta es entender las fórmulas diversas que existen para financiar y administrar la infraestructura. En este sentido, la experiencia de Gran Bretaña en alianzas público-privadas es esencial.

Para atraer las inversiones de compañías privadas, las alianzas público-privadas necesitan financiamiento gubernamental para cumplir con su calendario de pagos. También requieren un apropiado marco legal regulado y un sistema judicial efectivo y de resolución de disputas.

Estas condiciones existen actualmente en la mayoría de las economías de la región, aunque es cierto también que en algunos casos todavía quedan cosas por hacer. El Banco también está comprometido en esta área, apoyando la creación de una atmósfera apropiada de negocios.

El Banco ha identificado una serie de variables que se toman en cuenta cuando se debate la viabilidad de los proyectos de infraestructura en general y las alianzas público-privadas en particular, que básicamente son las siguientes: marco legal, riesgo político, factores macroeconómicos, capacidad institucional, disposición del usuario para pagar por los servicios (especialmente en sectores críticos como agua potable y servicios sanitarios), sostenibilidad de las tasas, tamaño del proyecto y ámbito fiscal.