Publicación Marzo 2008/Invitado/ América Latina se envejece.
Por:
José Luis Machinea Secretario Ejecutivo de la Cepal
El envejecimiento de la región se está dando a un ritmo más acelerado del que se dio en los países hoy desarrollados, pero además se presenta en un contexto caracterizado por una alta incidencia de la pobreza, una persistente desigualdad, una baja cobertura y deficientes sistemas de protección social, a lo que se suma una institución familiar sobrecargada.
En América Latina y el Caribe la población en su conjunto está envejeciendo paulatina pero inexorablemente. La proporción y el número absoluto de personas de sesenta años y más han venido incrementándose de manera sostenida. En 1950 vivían en la región 10 millones de personas mayores, cifra que ascendió en 2007 a 53 millones. Entre los años 2007 y 2025, 48 millones de personas mayores se sumarán a las ya existentes y en el 2050 superarán los 188 millones.
En términos relativos, las personas de sesenta años y más representan actualmente el 9% del total de la población y en 2025 representarán el 15%. En este contexto, no se pueden dejar de mencionar las diferencias entre subregiones. De hecho, en la actualidad los países caribeños presentan una mayor proporción de personas mayores que los sudamericanos y los centroamericanos.
En promedio, este segmento de la población representa el 11% del total en el Caribe, el 9,5% de la población sudamericana y el 8% de la de México y Centroamérica, pero también se observan grandes diferencias entre un país y otro; a modo de ejemplo, mientras en países como Uruguay y Cuba el porcentaje supera el 16%, en otros (Nicaragua, Honduras, Paraguay) no alcanza siquiera al 6%.
Una de las características de la evolución de la estructura por edad será el rápido envejecimiento del propio grupo de personas mayores, puesto que la población de 80 años y más es el segmento que crece con mayor rapidez. Se prevé que entre 2007 y 2050 la población de 60 años y más aumentará 2,6 veces, mientras que la de 80 años registrará un incremento de alrededor de 4,5 veces.
TRANSFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
Podríamos decir, entonces, que nos convertiremos en sociedades con una proporción mucho mayor de personas mayores. Evidentemente, una transformación demográfica de estas dimensiones tendrá profundas repercusiones en la sociedad y en ámbitos específicos de las políticas públicas, como los relacionados con la cohesión social, los derechos humanos y el papel del Estado.
Hay dos características de este fenómeno que despiertan profunda preocupación en nuestra región. En primer lugar, el envejecimiento se está dando a un ritmo más acelerado del que se dio en los países hoy desarrollados.
En segundo lugar, se dará en un contexto caracterizado por una alta incidencia de la pobreza, una persistente desigualdad, una baja cobertura y deficientes sistemas de protección social, a lo que se suma una institución familiar sobrecargada que, junto con hacerse cargo de las necesidades de las personas de edad más avanzada, actúa como principal fuente de apoyo ante los vacíos derivados de la escasa presencia de otras instituciones sociales como dispositivos de protección y de cohesión.
Por otra parte, la institución de la familia tendría cada vez más dificultades para cumplir su papel de reproducción social, como consecuencia de la disminución de la tasa de fecundidad y la plena incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar.
Para afrontar los retos del envejecimiento, los países han ido avanzando en la creación y la elaboración de un marco legal y de políticas y programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. En comparación con el año 2003, en el que se realizó la primera conferencia regional sobre envejecimiento, hoy día hay nuevos nichos de políticas públicas y más intervenciones en este ámbito, aunque la situación varía mucho de un país a otro y entre las subregiones.
UNA BRECHA AMPLIA
Las diferencias que se observan responden en algunos casos a la heterogeneidad interna de las sociedades y a las características de sus procesos de desarrollo. Concretamente, en los países con una población adulta mayor más numerosa, la protección suele ser más amplia, mientras que en los países en plena transición, los desafíos que impone la población adulta mayor coexisten con la pobreza y la exclusión de otros grupos sociales.
Los derechos de las personas mayores han ido cobrando importancia para los gobiernos y, por consiguiente, desde hace algunos años se han traducido en el desarrollo de marcos legales de protección. Sin embargo, existe una amplia brecha entre el de jure y el de facto.
El ejercicio efectivo de estos derechos sigue siendo insuficiente y, en la actualidad, una parte importante de la población adulta mayor no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social ni a los servicios de salud y otros servicios básicos.
En la mayoría de los casos, esta desprotección no puede atribuirse exclusivamente a la edad, sino que responde a la generalizada precariedad de los mecanismos de protección con que cuentan los Estados. En otros casos, son expresión de una abierta desigualdad en función de los ingresos o bien de una escasa consideración de las necesidades de este grupo social como objetivo de las políticas públicas, producto de la arraigada concepción de que los problemas de la vejez son una cuestión de carácter privado, más que de solidaridad colectiva.
VISIÓN DE LARGO PLAZO
En América Latina y el Caribe, el envejecimiento se viene anunciando con anticipación, y se observa que los países más pobres y con menor desarrollo institucional presentan un envejecimiento demográfico menos avanzado. El cambio en la estructura por edad puede suponer beneficios tangibles para esos países, debido a las posibilidades que ofrece una relación cada vez más favorable entre la población dependiente y la población activa en términos de edad.
El desafío que se les plantea a esos países se centra, por una parte, en desarrollar una visión a largo plazo que permita incluir los problemas del envejecimiento en la agenda actual –sin dejar de atender la apremiante necesidad de solución de problemas coyunturales– y, por otra, en mejorar la formación de los recursos humanos y ampliar la capacidad de los sectores productivos para asegurar su utilización efectiva, de modo que las nuevas posibilidades no se conviertan en un mero espejismo.
En los países donde el envejecimiento está ad portas, la experiencia de las naciones desarrolladas no ofrece alternativas fácilmente replicables porque la realidad económica, institucional e histórica es distinta. Por tanto, se trata de países que se enfrentan al reto de concebir alternativas propias para enfrentar este fenómeno, sin perder de vista asuntos básicos relacionados con la convivencia y la solidaridad entre generaciones.
Es indispensable que el envejecimiento de la población no sea un asunto circunscrito únicamente a las actuales generaciones de personas mayores. Como se describe en el informe elaborado por la CEPAL, la consideración de esta situación en todas las agendas públicas, leyes y políticas que se formulen al respecto, así como los recursos que se les asignen en los presupuestos nacionales, tendrán un efecto en toda la sociedad.
EL RETO DE LA COHESIÓN
Desde esta perspectiva, lo fundamental es determinar cómo crear sociedades más cohesionadas y más democráticas que incluyan a todos.
En efecto, el envejecimiento y las formas de enfrentar sus desafíos están relacionados con decisiones sobre los mecanismos y las posibilidades de cohesión social de cada país, con la forma de afianzar la relación recíproca entre las generaciones actuales y la manera como se avance en este ámbito sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. En este contexto, es fundamental evaluar la situación actual, enfrentar los rezagos que persisten y avanzar gradualmente en el fortalecimiento de la protección social de toda la población.
En los últimos años, la CEPAL viene promoviendo un nuevo marco de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Tal como se informó en el último período de sesiones de la Comisión, el desarrollo de las economías latinoamericanas y caribeñas debe ir acompañado por niveles más amplios de protección e inclusión social.
Al respecto, hemos insistido en la necesidad de ampliar la cobertura y elevar la calidad de los sistemas de protección social, a fin de que estos puedan cubrir a las personas frente a los riesgos derivados de la enfermedad, la vejez, la invalidez y la muerte, entre otras situaciones de vulnerabilidad. La titularidad de los derechos sociales debe encarnar la efectiva pertenencia a la sociedad, pues significa que todos los ciudadanos estén contemplados en la dinámica de desarrollo y puedan disfrutar del bienestar que éste promueve.